Volumen 26 Número 54 Año 2026Artículo original

Políticas públicas de violencia de género y su influencia en la percepción del riesgo de feminicidios en una Provincia de Ecuador 2026

Public policies on gender-based violence and their influence on the perception of femicide risk in a Province of Ecuador 2026

Políticas públicas de violência de gênero e sua influência na percepção do risco de feminicídios em uma Província do Equador 2026

Javier Andrés Casierra Olaya

https://orcid.org/0009-0005-0107-5105

Universidad César Vallejo, Piura – Perú

*Email: jcasierra@ucvvirtual.edu.pe

Como citar este artículo: Casero Dupuy, O., Robert Hechavarría, R. E., Rabilero Sabates, H. R. y Lazo Cremé, I. (2024). Acciones para la evaluación formativa del modo de actuación físico-motriz en estudiantes de Cultura Física. Arrancada, 26(154), 312-321. https://arrancada.cuaje.edu.cu

Resumen

La investigación determinó la influencia de las políticas públicas de violencia de género en la percepción del riesgo de feminicidios en la provincia del Guayas, Ecuador, durante 2026, y exploró su vínculo con la cultura física y el deporte como espacio de prevención. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional-explicativo, diseño no experimental transversal, a 384 mujeres de 25 a 29 años que denunciaron violencia ante la Fiscalía. Se utilizaron dos cuestionarios Likert de 20 ítems (alfa de Cronbach de 0.834 y 0.830). Los datos se analizaron mediante regresión logística binomial tras corregir celdas vacías. El 66.9% valoró las políticas en nivel bajo y el 65.4% ubicó la incidencia de feminicidios en nivel alto. La influencia fue inversa y significativa (χ² = 104.512; p < .001; Nagelkerke = 0.329; Exp(B) = 0.117): las mujeres que percibieron políticas de nivel medio redujeron en 88.3% la probabilidad de una percepción de riesgo elevado en comparación con políticas de nivel bajo. Se concluye que la valoración de las políticas públicas se asocia inversamente con la percepción del riesgo de feminicidio. Se recomienda articular la prevención con programas deportivos comunitarios que promuevan relaciones equitativas y entornos protectores.

Palabras clave: violencia de género; feminicidio; políticas públicas; deporte; prevención; Ecuador.

Abstract

The research determined the influence of public policies on gender-based violence on the perception of femicide risk in the province of Guayas, Ecuador, during 2026, and explored their link with physical culture and sport as a prevention space. A quantitative, correlational-explanatory, non-experimental cross-sectional design was applied to 384 women aged 25 to 29 who reported violence to the Attorney General’s Office. Two 20-item Likert questionnaires were used (Cronbach’s alpha of 0.834 and 0.830). Data were analyzed using binomial logistic regression after correcting for empty cells. Of the participants, 66.9% rated the policies at a low level and 65.4% placed the incidence of femicides at a high level. The influence was inverse and significant (χ² = 104.512; p < .001; Nagelkerke = 0.329; Exp(B) = 0.117): women who perceived medium-level policies reduced the probability of a high-risk perception by 88.3% compared to low-level policies. It is concluded that the rating of public policies is inversely associated with the perception of femicide risk. It is recommended to articulate prevention with community sports programs that promote equitable relationships and protective environments.

Keywords: gender-based violence; femicide; public policies; sport; prevention; Ecuador.

Resumo

A pesquisa determinou a influência das políticas públicas de violência de gênero na percepção do risco de feminicídios na província de Guayas, Equador, durante 2026, e explorou sua vinculação com a cultura física e o esporte como espaço de prevenção. Aplicou-se um enfoque quantitativo, de alcance correlacional-explicativo, delineamento não experimental transversal, a 384 mulheres de 25 a 29 anos que denunciaram violência perante a Fiscalía. Utilizaram-se dois questionários Likert de 20 itens (alfa de Cronbach de 0,834 e 0,830). Os dados foram analisados mediante regressão logística binomial após corrigir células vazias. 66,9% avaliaram as políticas em nível baixo e 65,4% situaram a incidência de feminicídios em nível alto. A influência foi inversa e significativa (χ² = 104,512; p < ,001; Nagelkerke = 0,329; Exp(B) = 0,117): as mulheres que perceberam políticas de nível médio reduziram em 88,3% a probabilidade de uma percepção de risco elevado em comparação com políticas de nível baixo. Conclui-se que a avaliação das políticas públicas se associa inversamente à percepção do risco de feminicídio. Recomenda-se articular a prevenção com programas esportivos comunitários que promovam relações equitativas e ambientes protetores.

Palavras-chave: violência de gênero; feminicídio; políticas públicas; esporte; prevenção; Equador.

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Recibido: octubre/26 Aceptado: noviembre/26

Introducción

Abordar las políticas públicas sobre violencia de género y feminicidios en el ámbito provincial exige superar el cumplimiento normativo y reconocer que, detrás de cada crimen, subyacen fallas sistemáticas en la prevención, protección y acceso a la justicia. La escasez presupuestaria y la burocracia institucional demandan una articulación efectiva y descentralizada entre gobiernos locales, sistema judicial y sociedad civil para activar mecanismos que garanticen las vidas de las mujeres. Desde la perspectiva mundial, el feminicidio constituye la manifestación más extrema de la violencia de género. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (2025) reportaron que, en 2024, cerca de 83 000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en el mundo, y el 60% de ellas murió a manos de su pareja u otros familiares, lo que equivale a unas 137 cada día. Las Américas registraron una tasa de 1.5 por cada 100 000 mujeres, la segunda más alta después de África. Una revisión sistemática con datos de 66 países ubicó en 38.6% la proporción de homicidios de mujeres cometidos por la pareja íntima (Stöckl et al., 2013).

En el escenario ecuatoriano, la gravedad del fenómeno es indiscutible. ACAPS (2026) documentó que, en 2025, Ecuador registró 411 feminicidios, y la provincia del Guayas concentró 140 casos, más de la tercera parte del total nacional. El informe precisó que los grupos criminales organizados cometieron 93 de los 140 feminicidios en Guayas y que las mujeres de 20 a 34 años son las más afectadas. Medina Medina y Del Salto Pazmiño (2025) analizaron la evolución del femicidio en Ecuador entre 2014 y 2024 y concluyeron que la tipificación del delito no ha logrado una reducción importante de su incidencia; por el contrario, los casos han mantenido una tendencia estable o creciente en varias provincias. Los autores subrayaron la necesidad de un enfoque integral que combine educación, prevención y acceso efectivo a la justicia, en lugar de depender exclusivamente de medidas punitivas.

La evaluación de las políticas públicas de prevención del femicidio en Ecuador ha sido objeto de análisis reciente. Abendaño Márquez y Alvaracín Jarrín (2026) evidenciaron que, si bien el país dispone de un marco legal y programático avanzado, su efectividad se ve restringida por debilidades estructurales e institucionales, y resultó indispensable fortalecer la articulación interinstitucional, garantizar recursos suficientes y consolidar sistemas de evaluación permanentes. En el ámbito local, Loor et al. (2024) examinaron las políticas públicas y la prevención de la violencia de género en la ruralidad del cantón Chone, y encontraron que la implementación enfrenta barreras significativas relacionadas con la asignación presupuestaria y la capacidad operativa de las instituciones locales.

El vínculo entre la violencia de género y el ámbito deportivo ha emergido como un campo de estudio relevante. Forsdike y O’Sullivan (2024), en una revisión de alcance sobre la violencia interpersonal de género contra mujeres adultas en el deporte, señalaron que el deporte es simultáneamente un vehículo para prevenir la violencia contra las mujeres y un espacio donde esta se manifiesta. Los autores identificaron una brecha significativa en la investigación sobre las respuestas de las organizaciones deportivas y subrayaron la necesidad de examinar todas las formas de violencia interpersonal de género que pueden ocurrir en el deporte. En esta misma línea, Ferreira Gomes et al. (2024) exploraron el deporte para el desarrollo con enfoque de trauma y violencia, y lo reconocieron como una estrategia para apoyar a las sobrevivientes, prevenir la violencia de género y desafiar las normas de género.

La cultura física y el deporte, cuando se estructuran con perspectiva de género, pueden constituirse en espacios de socialización alternativos que cuestionen los mandatos de masculinidad hegemónica asociados a la violencia. La literatura especializada ha documentado que las intervenciones deportivas basadas en la comunidad, cuando incorporan componentes de reflexión crítica sobre normas de género, contribuyen a reducir actitudes favorables a la violencia y a fortalecer habilidades socioemocionales en jóvenes y adultos (Forsdike & O’Sullivan, 2024; Ferreira Gomes et al., 2024). En el contexto ecuatoriano, Aguirre et al. (2025) publicó un estudio sobre la formación de docentes en educación física para la prevención de la violencia de género en instituciones educativas del Milagro, Ecuador, lo que evidencia un interés creciente por articular el ámbito educativo-deportivo con las estrategias de prevención.

La presente investigación se justifica teóricamente porque profundiza en la desconexión entre el marco normativo de los derechos humanos y la percepción del riesgo de violencia letal de género, y analiza las políticas públicas no solo como instrumentos jurídicos, sino como construcciones sociales y políticas complejas. En el plano práctico, los hallazgos ofrecen un diagnóstico técnico para que los decisores políticos optimicen recursos y diseñen rutas de atención inmediata. En lo metodológico, se complementa mediante la validación de indicadores de desempeño gubernamental que permiten auditar cuantitativamente la actuación judicial y garantizar la replicabilidad del enfoque. El objetivo general fue determinar la influencia de las políticas públicas de violencia de género en la percepción del riesgo de feminicidio en una provincia de Ecuador durante 2026, y se plantearon cuatro objetivos específicos orientados a las dimensiones de gravedad y escalada de la violencia letal, factores desencadenantes y dinámicas relacionales de riesgo, desprotección jurídica e impunidad institucional, y vulnerabilidad psicosocial y afectación comunitaria.

Metodología

La investigación fue de tipo básica, con enfoque cuantitativo, alcance correlacional de nivel explicativo y diseño no experimental transversal (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La población estuvo constituida por mujeres de 25 a 29 años que presentaron denuncia por violencia en la Fiscalía de la provincia del Guayas; al no existir un registro público del número exacto, la población se consideró desconocida. El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de Cochran para proporciones (n = Z²·p·q/e²), con un nivel de confianza del 95% (Z = 1.96), máxima variabilidad (p = q = 0.5) y un error del 5%, lo que arrojó 384 participantes. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia.

La técnica de recolección de datos fue la encuesta. Se aplicaron dos cuestionarios estructurados en escala Likert de 1 (nunca) a 5 (siempre), uno por variable, con 20 reactivos cada uno, organizados en cuatro dimensiones de cinco reactivos. La validez de contenido se obtuvo por juicio de cinco expertos registrados en CONCYTEC, con una concordancia del 100% en suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. La confiabilidad se estimó mediante una prueba piloto aplicada a 141 mujeres víctimas de maltrato del cantón Durán, y con los 384 casos de la muestra final se calculó el alfa de Cronbach, que fue de 0.834 para el cuestionario de políticas públicas y de 0.830 para el de feminicidios. Los puntajes directos se transformaron a una base 100 y se agruparon inicialmente en tres niveles: bajo (hasta 50), medio (51 a 75) y alto (76 a 100).

Para el contraste de hipótesis se empleó inicialmente la regresión logística ordinal; sin embargo, la prueba de líneas paralelas reveló una vulneración del supuesto (χ² = 4.112; gl = 1; p = .043) y la bondad de ajuste de Pearson resultó significativa (χ² = 342.115; gl = 294; p = .028), lo que evidenció inestabilidad analítica provocada por celdas vacías. En consecuencia, se procedió a dicotomizar las variables y a aplicar una regresión logística binomial (RLB). La variable predictora quedó configurada en dos categorías: políticas públicas bajas (referencia) y políticas públicas medias. La variable dependiente unificó las categorías bajo y medio en una macrocategoría denominada percepción del riesgo no elevado, que se contrastó contra la categoría de percepción del riesgo elevado (alto). Se controló el sesgo de método común mediante la prueba de un solo factor de Harman, que explicó únicamente el 21.4% de la varianza total, por debajo del límite crítico del 50%. El procesamiento estadístico se realizó con IBM SPSS Statistics versión 27.0.

Resultados

Resultados descriptivos

La Tabla 1 presenta la distribución conjunta de los niveles de las políticas públicas de violencia de género y de la incidencia de feminicidios. El 66.9% de las encuestadas ubicó las políticas públicas en el nivel bajo y el 33.1% en el nivel medio, sin registros en el nivel alto. En la incidencia de feminicidios predominó el nivel alto (65.4%), seguido del medio (34.4%). En el cruce de niveles, el 54.7% de las participantes percibió simultáneamente políticas públicas en nivel bajo e incidencia en nivel alto, mientras que el 22.1% situó ambas en el nivel medio. Dentro del grupo que calificó las políticas en nivel bajo, el 81.7% reportó un nivel alto de incidencia de feminicidios, proporción que descendió al 32.3% entre quienes valoraron las políticas en nivel medio.

Tabla 1 Distribución de los niveles de las políticas públicas de violencia de género y de la incidencia de feminicidios

Políticas públicas de violencia de género

Incidencia de feminicidios: Bajo

Incidencia de feminicidios: Medio

Incidencia de feminicidios: Alto

Total

Bajo

0 (0.0%)

47 (12.2%)

210 (54.7%)

257 (66.9%)

Medio

1 (0.3%)

85 (22.1%)

41 (10.7%)

127 (33.1%)

Alto

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

Total

1 (0.3%)

132 (34.4%)

251 (65.4%)

384 (100.0%)

Nota. f = frecuencia absoluta; % = porcentaje respecto del total (n = 384). Niveles en base 100: bajo (hasta 50), medio (51 a 75) y alto (76 a 100). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la investigación.

Los resultados inferenciales confirmaron la relación inversa y significativa entre las variables. La Tabla 2 resume los indicadores de ajuste del modelo general de regresión logística binomial. El chi-cuadrado ómnibus fue de 104.512 (p < .001), el coeficiente de Nagelkerke de 0.329 y la bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow de 1.000 (p > .05), lo que descartó la sobredispersión y confirmó la estabilidad del modelo.

Tabla 2 Indicadores de ajuste, bondad de ajuste y pseudo R² para el modelo general (RLB)

Indicador de ajuste global

Valor

gl

Sig.

Chi-cuadrado ómnibus del modelo

104.512

1

< .001

(-2) Log de la verosimilitud

402.744

—

—

Bondad de ajuste (Hosmer y Lemeshow)

0.000

0

1.000

Coeficiente de Cox y Snell

0.238

—

—

Coeficiente de Nagelkerke

0.329

—

—

Nota. RLB = regresión logística binomial. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 presenta la estimación de parámetros del modelo general. El coeficiente de la variable predictora (políticas medias frente a políticas bajas) fue de B = -2.148 (p < .001), con un error estándar de 0.224 y un estadístico de Wald de 91.954. El exponente del coeficiente (Exp(B) = 0.117) indicó que las mujeres que percibieron políticas públicas en nivel medio tuvieron un 88.3% menos de probabilidades de manifestar una percepción de riesgo elevado en comparación con aquellas situadas bajo políticas de nivel bajo.

Tabla 3 Estimación de parámetros por máxima verosimilitud para el modelo general (RLB)

Parámetro / Predictor

B

Error estándar

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

IC 95% Exp(B)

Intersección (constante)

1.498

0.147

103.882

1

< .001

4.473

—

Políticas medias (Ref: bajas)

-2.148

0.224

91.954

1

< .001

0.117

[0.076; 0.180]*

Nota. Ref = categoría de referencia. *Intervalo de confianza estimado a partir de los datos del modelo. Fuente: elaboración propia.

Los modelos específicos replicaron el patrón inverso y significativo. Para la dimensión de gravedad y escalada de la violencia letal, el chi-cuadrado fue de 47.962 (p < .001), el Nagelkerke de 0.175 y el Exp(B) de 0.233, lo que indicó una reducción del 76.7% en la probabilidad de percibir un riesgo elevado de escalada letal. Para la dimensión de factores desencadenantes y dinámicas de riesgo, el chi-cuadrado fue de 63.665 (p < .001), el Nagelkerke de 0.203 y el Exp(B) de 0.195, con una reducción del 80.5%. En la dimensión de desprotección jurídica e impunidad institucional, el chi-cuadrado fue de 49.336 (p < .001), el Nagelkerke de 0.163 y el Exp(B) de 0.220, con una reducción del 78.0%. Finalmente, en la dimensión de vulnerabilidad psicosocial y afectación comunitaria, el chi-cuadrado fue de 54.312 (p < .001), el Nagelkerke de 0.198 y el Exp(B) de 0.182, con una reducción del 81.8%. En todos los casos se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna.

Discusión

El examen inferencial desarrollado a partir de las respuestas de 384 mujeres sobrevivientes de entre 25 y 29 años, quienes previamente presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado en la provincia del Guayas, permitió constatar relaciones de asociación y predicción estadística de alta relevancia para la gerencia pública y la gobernabilidad. Al haber corregido el problema de datos esparcidos y celdas vacías mediante la transpolación a modelos de regresión logística binomial, la investigación adquirió un blindaje metodológico sólido. Los hallazgos se discuten contrastando las frecuencias observadas con la literatura científica indexada, y se asume la prudencia epistemológica de presentar las interacciones como predicciones probabilísticas y no como nexos de causalidad física directa.

En relación con el objetivo general, se observó una marcada distribución asimétrica: el 66.9% de las participantes calificó las acciones del Estado en un nivel bajo y el 33.1% en un nivel medio, sin registros en el nivel alto; en contraposición, el 65.4% situó la percepción del riesgo general de feminicidio en un nivel elevado. El modelo log-lineal binomial definitivo demostró un ajuste global altamente significativo, con una capacidad explicativa del 32.9% de la variabilidad del fenómeno latente (Nagelkerke = 0.329). El coeficiente predictivo negativo y significativo (B = -2.148, p < .001) y su correspondiente odds ratio (Exp(B) = 0.117) indicaron que el tránsito institucional de una política pública deficiente a una intermedia predice una disminución del 88.3% en la ventaja de probabilidad de desarrollar una percepción de riesgo alta en las usuarias. Esta correspondencia de sentido inverso es congruente con las conclusiones empíricas de Montanez et al. (2023), quienes identificaron en los condados de Florida que la articulación sistémica local de servicios comunitarios correlaciona con tasas inferiores de letalidad conyugal. Asimismo, los resultados se alinean con las críticas sobre brechas de implementación propuestas por Carrigan y Dawson (2020) al evaluar las leyes de feminicidio en América Latina, donde señalaron que el andamiaje normativo abstracto suele carecer de un correlato presupuestario real en las periferias subnacionales.

Al analizar el primer objetivo específico, centrado en la percepción de la gravedad y escalada de la violencia letal, el modelo binomial arrojó un chi-cuadrado de 47.962 (p < .001) y un Nagelkerke de 0.175, donde la presencia de políticas medias predijo una reducción del 76.7% en el riesgo percibido de sufrir agresiones físicas inminentes (Exp(B) = 0.233). Este panorama se vincula con el estudio ecológico nacional de Ortiz et al. (2022), que identificó que las mujeres ecuatorianas situadas en el bloque de 25 a 29 años constituyen el grupo etario expuesto a la mayor tasa y frecuencia de agresiones físicas graves previas al desenlace fatal. De igual manera, los datos complementan la distribución espacial descrita por San Sebastián et al. (2021) respecto a la acumulación subnacional de casos letales en entornos de vulnerabilidad territorial, lo que demuestra que la debilidad institucional en la fase de protección interrumpe la contención de la escalada delictiva y vulnera los anillos protectores del exosistema y macrosistema planteados en el enfoque ecológico de Heise (1998).

Respecto al segundo objetivo específico, orientado a la percepción de factores desencadenantes y dinámicas relacionales de riesgo, se obtuvo el coeficiente explicativo más robusto entre las subescalas individuales (Nagelkerke = 0.203; B = -1.637; p < .001), lo que determinó que la optimización de las intervenciones preventivas reduce en un 80.5% las odds de experimentar alarma extrema ante conductas posesivas, violencia sexual concomitante o acoso digital tras una ruptura afectiva (Exp(B) = 0.195). Estos hallazgos dialogan con las conclusiones cualitativas de Nunes y Souza (2025) sobre la desprotección de mujeres sobrevivientes frente a discursos conservadores del entorno que inducen a tolerar la sumisión, y evidencian el fallo del Estado al no proveer campañas permanentes de deconstrucción de estereotipos. La presencia recurrente de celos patológicos normalizados en el entorno provincial valida la conceptualización de violencia cultural formulada por Galtung (1990) y coincide con lo documentado por Echeverría (2021) al analizar el mito del amor romántico como macroestructura que invisibiliza el carácter estructural de la agresión de género.

En lo concerniente al tercer objetivo específico, que aborda la percepción de desprotección jurídica e impunidad institucional, el modelo estadístico arrojó una asociación inversa significativa (χ² = 49.336; p < .001), aunque registró el coeficiente de determinación más atenuado del sistema (Nagelkerke = 0.163; Exp(B) = 0.220), y predijo una reducción del 78.0% en la desconfianza penal judicial. El hecho de que la variable pública dejara un 83.7% de la varianza residual sin explicar en esta dimensión encuentra sustento en el Cuarto Informe Hemisférico del MESECVI (2025a), que explicitó la preocupante realidad de Ecuador y la región, caracterizada por altos niveles de impunidad donde los casos resueltos en sede judicial no superan el 20% y las denuncias quedan estancadas en las fiscalías sin justificación técnica. Esta percepción colectiva de impunidad institucional confirma la Teoría del Feminicidio y la Omisión del Estado de Lagarde (2008), al demostrar que, cuando el aparato de justicia dilata los procesos o archiva causas por sesgos androcéntricos, se convierte en un agente reproductor del riesgo delictivo.

El examen del cuarto objetivo específico, relativo a la percepción de vulnerabilidad psicosocial y afectación comunitaria, deparó la mayor tasa de alerta empírica, con un 77.6% de las mujeres situadas en el nivel alto y un 89.1% de concentración crítica dentro del segmento expuesto a políticas públicas bajas. El modelo binomial predijo que contar con una gestión intermedia mitiga en un 81.8% las odds de desarrollar estados colectivos de normalización del crimen, desensibilización ante el asesinato de mujeres y traumas psicológicos persistentes en el núcleo familiar (B = -1.705; Exp(B) = 0.182). Estos resultados son consistentes con la revisión narrativa de Guzmán (2026) sobre las familias que responden a los impactos del feminicidio, y con el modelo integral de Granda et al. (2025), que incluye la recuperación emocional y las redes comunitarias como componentes esenciales de la gestión pública local.

El deporte y la cultura física como espacio de prevención

La articulación entre las políticas de prevención de la violencia de género y el ámbito de la cultura física y el deporte constituye una vía promisoria que los hallazgos de esta investigación permiten fundamentar. Forsdike y O’Sullivan (2024) advirtieron que el deporte es simultáneamente un vehículo para prevenir la violencia contra las mujeres y un espacio donde esta se manifiesta; por ello, las políticas públicas que ignoran el potencial preventivo del deporte desaprovechan un escenario de socialización clave. Ferreira Gomes et al. (2024) demostraron que las intervenciones deportivas con enfoque de trauma y violencia son estrategias reconocidas para apoyar a las sobrevivientes, prevenir la violencia de género y desafiar las normas de género. En el contexto ecuatoriano, Aguirre et al. (2025) documentó la formación de docentes en educación física para la prevención de la violencia de género en instituciones educativas del Milagro, lo que evidencia que el sistema educativo-deportivo puede convertirse en un aliado estratégico de las políticas públicas.

Los resultados de esta investigación muestran que la dimensión de factores desencadenantes y dinámicas relacionales de riesgo fue la que registró el mayor poder explicativo (Nagelkerke = 0.203), lo que sugiere que las intervenciones que operan sobre las normas sociales y las relaciones de poder —como los programas deportivos que promueven la equidad de género y cuestionan la masculinidad hegemónica— podrían tener un impacto significativo en la reducción de la percepción de riesgo. La cultura física, entendida como práctica social y no solo como actividad motriz, ofrece un espacio privilegiado para la deconstrucción de estereotipos y la promoción de vínculos equitativos, en la medida en que se estructure con perspectiva de género y se articule con las rutas de atención y protección del Estado.

Conclusiones

Se determinó la existencia de una relación de asociación y predicción estadística de sentido inverso y altamente significativa entre las políticas públicas de violencia de género y la percepción del riesgo de feminicidio en la provincia del Guayas durante 2026. Los modelos log-lineales binomiales demostraron un ajuste global óptimo (χ² = 104.512, p < .001) y explicaron el 32.9% de la variabilidad del riesgo latente percibido (Nagelkerke = 0.329). El parámetro predictivo (B = -2.148, Exp(B) = 0.117) permitió concluir que el tránsito institucional de una gestión pública deficiente a una intermedia predice una disminución del 88.3% en la ventaja de probabilidad de que las mujeres denunciantes desarrollen niveles elevados de alarma y desprotección frente a la violencia letal machista.

Se identificó una relación inversa y significativa entre las políticas públicas y la percepción de la gravedad y escalada de la violencia letal (χ² = 47.962, p < .001; B = -1.458, Exp(B) = 0.233), lo que indicó que la optimización de los recursos y la actualización normativa predicen una reducción del 76.7% en la probabilidad de que las usuarias estimen que las agresiones verbales o psicológicas transitarán hacia escenarios de agresión física extrema. Se analizó una relación inversa y significativa entre las políticas públicas y la percepción de factores desencadenantes y dinámicas relacionales de riesgo (χ² = 63.665, p < .001; Nagelkerke = 0.203; B = -1.637; Exp(B) = 0.195), lo que demostró que el fortalecimiento de las campañas de prevención social predice una disminución del 80.5% en las odds de manifestar un nivel elevado de temor frente a conductas de sometimiento económico, celos patológicos y acoso digital tras la disolución conyugal.

Se estableció una relación inversa y significativa entre las políticas públicas y la percepción de desprotección jurídica e impunidad institucional (χ² = 49.336, p < .001; Nagelkerke = 0.163; B = -1.513; Exp(B) = 0.220), lo que evidenció que la presencia de políticas medias predice una mitigación del 78.0% en la probabilidad de percibir desamparo penal. Se examinó una relación inversa y significativa entre las políticas públicas y la percepción de vulnerabilidad psicosocial y afectación comunitaria (χ² = 54.312, p < .001; Nagelkerke = 0.198; B = -1.705; Exp(B) = 0.182), y se comprobó que la articulación de respuestas operativas predice una disminución del 81.8% en las odds de desarrollar estados colectivos de normalización del crimen y traumas psicológicos persistentes.

Se concluye formalmente que los modelos probabilísticos generados poseen un alcance explicativo purificado de carácter univariable, debido a que no se dispuso de covariables sociodemográficas alternativas como el nivel de instrucción, el estrato socioeconómico, la etnicidad autoidentificada o los antecedentes del agresor. Al haber operado los bloques de edad, ubicación geográfica y estatus legal como criterios fijos de inclusión muestral, la varianza residual no explicada queda sujeta a limitaciones interpretativas estrictas, y se recomienda prudencia científica al evitar la generalización abusiva de estas predicciones hacia contextos poblacionales divergentes.

Referencias

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Aguirre, S. E. J., Véliz, E. L. V., Villavicencio, L. M. Z., & León, B. Y. M. (2025). Formación de docentes en educación física para la prevención de la violencia de género en instituciones educativas del Milagro, Ecuador. Retos, 68, 1553-1562. http://revistaretos.org/index.php/retos/article/view/115038

Carrigan, M., & Dawson, M. (2020). Problem representations of femicide/feminicide legislation in Latin America. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 9(2), 1–19. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v9i2.1354

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